#25N Contra todas las #ViolenciasMachistas Recursos, Educación y Justicia Feminista

Recursos, Educación y Justicia Feminista
#25NRacismoEsViolencia El feminismo toma las calles y las redes
una vez más para afirmar su compromiso:
Ni una menos ¡¡Vivas, Libres y combativas nos queremos¡¡
Contra todas las Violencias Machistas, Recursos, Educación y Justicia Feminista¡¡
Las asambleas 8M de barrios y pueblos de Madrid salimos a las calles este 25N en el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Nos concentraremos en las plazas y leeremos el manifiesto conjunto para exigir cambios urgentes en la prevención y atención de las violencias machistas
Nos vemos en las plazas, seguro que cerca de donde vives hay una colectivo feminista al que te puedes sumar; te animamos a ir a la concentración.
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Sobre la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual

Sobre la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

 

Asamblea Feminista de Madrid.

 

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, tan esperada desde los feminismos de base, se celebra como un paso necesario porque responde a muchas de las exigencias del movimiento feminista en su largo recorrido en la lucha contra la violencia sexual. Así pues, destacamos que en el proyecto, por ley, se desnaturaliza la violencia contra las mujeres y se condena social y culturalmente a quienes la ejercen y la han ejercido históricamente. En ese sentido la ley apuesta por abordar la violencia sexual como un problema social y reconoce los derechos de quienes la sufren.

 

En particular, consideramos que responde al clamor feminista en las calles que denunció las agresiones machistas y los procesos judiciales que se llevaron a cabo por el denominado “caso de la manada”.    Sin duda, la violación a una mujer en “sanfermines” en 2016, fue uno de los tantos casos que movilizó a cientos de miles de mujeres que reclamaron justicia y el reconocimiento de la palabra de la mujer. De ahí que esta ley se conozca como la ley del “solo sí es sí”, porque se basa en el reconocimiento del consentimiento de las mujeres en el acto sexual.

 

Desde esta perspectiva, la ley recoge una definición de consentimiento por la que solo sí será si y elimina la distinción entre agresión y abuso sexual que ha sido motivo de tratamientos judiciales negadores del derecho de las víctimas, así  la palabra de las mujeres que son o han sido agredidas sexualmente, puede cobrar una fuerza política transformadora. Esto tensiona la verdad patriarcal que históricamente ha culpado a las mujeres de la violencia sexual que reciben por el solo hecho de ser mujeres.

 

La ley reconoce las violencias sexuales como un problema social y estructural y como una vulneración de derechos.

 

Además, podemos señalar que va más allá de cuestiones punitivas y se presenta como una propuesta de atención integral y accesible para las mujeres. En relación a ello, valoramos particularmente el enfoque preventivo que recoge la ley, el derecho a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica, la sensibilización, la formación de profesionales y la investigación, así como el derecho a la reparación, se prevén medidas para garantizar la autonomía económica y mecanismos de reparación económica para las mujeres que han sufrido violencias sexuales. Esto es un avance ya que se relaciona con los principios básicos de la justicia feminista: verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición, dejando atrás la responsabilidad exclusiva del agresor. Es decir, que se ajusta a la reivindicación del derecho a vivir una vida libre de violencia, inseparable del goce y del placer de cada una. Sin embargo, consideramos que es imprescindible seguir avanzando en la reparación institucional.

 

Asimismo, consideramos que es un avance la creación de centros especializados y de atención integral, aunque su puesta en marcha dependerá del presupuesto con el que se dote a esta ley.

 

La Asamblea Feminista, junto con la Asociación “Generando red” elaboramos una propuesta de protocolo frente al existente en la Comunidad de Madrid, en la que abogamos por esa intervención integral y otros temas que recoge la ley, como que no sea necesaria la denuncia, es suficiente el informe de servicios sociales, para acogerse a los derechos que reconoce la ley y que la actuación forense sea independiente de haber presentado denuncia. Asimismo, consideramos que es importante que se incorpore como delito la violencia sexual cometida en el ámbito de la pareja y expareja y que se amplíe a nuevas manifestaciones de violencia, como la violencia digital.

 

Aplaudimos que se huya del punitivismo, aunque nos preocupa que el resultado final pueda ser, como sucedió con la ley de violencia de género, un desarrollo desigual de los aspectos de prevención, formativos, etc. y quede reducida a las medidas del Código Penal.

 

Por otra parte, y desde una perspectiva interseccional, la ley reconoce los factores de discriminación como el sexo, la raza, la identidad, la migración, la clase social, que marcan las experiencias concretas de las mujeres y la violencia sexual que sufrimos e indica que se consideren como condicionantes para hacer efectivo el acceso a los derechos, a los recursos y a la justicia de todas las mujeres. De esta manera, la ley parte del supuesto de que existen mujeres cuya condición social, sexual, racial, etc., hace que la violencia sexual se encarne de formas particulares. Pese a ello, consideramos que es una ley asimétrica, ya que por una parte pone en el centro a las mujeres, aplica un enfoque de derechos y reconoce que las personas que sufren violencias sexuales son titulares de derechos; pero al mismo tiempo deja fuera los derechos de otras mujeres, particularmente las mujeres migrantes en situación administrativa irregular y  las trabajadoras sexuales.

 

Señalamos al menos dos problemas graves en los que incurre la ley que deberán ser modificados en el trámite parlamentario para que realmente la ley garantice los derechos de todas las mujeres. En primer lugar, la situación de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, ya que, aunque establece que éstas “gozarán de los derechos reconocidos en esta ley en igualdad de condiciones que el resto de las víctimas”, presenta algunas zonas oscuras que no permiten el cumplimiento efectivo de tales derechos. Por ejemplo, esta igualdad de condiciones para las mujeres en situación administrativa irregular solo se hace efectiva con: a)la resolución del procedimiento penal que dé como resultado la sentencia condenatoria del agresor; b) si el denunciado se encuentra en paradero desconocido o; c) ante el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado.

 

Por tanto, podemos observar que desde esta perspectiva la ley no garantiza el acceso a los derechos de todas las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual. Precisamente porque este derecho está condicionado a la conclusión de un proceso judicial condenatorio del acusado. De esta forma, la mujer necesita denunciar, pero sigue corriendo el riesgo de ser sancionada o expulsada por sentencia exculpatoria.  Así, este se convierte en uno de los problemas más graves que la futura ley no resuelve.

 

En segundo lugar, cabe señalar el tratamiento de la prostitución y la ausencia de reconocimiento de las trabajadoras sexuales como sujetos de derechos, ya que la ley no reconoce su autonomía y condición de sujetas, sino que las criminaliza a través de los efectos de la “tercería locativa”.

 

Así pues, consideramos que, además de introducir confusión en relación a la trata, criminaliza indirectamente a las trabajadoras sexuales que ejercen la prostitución por decisión propia y no garantiza la lucha contra la trata que requiere una ley específica.

 

Por otra parte, en relación a la Educación Sexual, la ley incorpora la formación en igualdad y de los contenidos en educación sexual en todas las etapas del sistema educativo obligatorio, así como la habilitación de formación universitaria para un profesorado competente en género y de colaboración con el ámbito sanitario. Aunque este es un aspecto positivo, consideramos que se vuelve problemático cuando depende de cada comunidad autónoma y de cada centro educativo.

Es positivo que se establezca la eliminación del concierto con escuelas que segreguen por sexo, aunque conocemos la situación de partida tan desfavorable para una escuela pública e igualitaria como en el caso de la Comunidad de Madrid.

 

Entendemos que con una reforma educativa tibia y siempre alejados del pacto de Estado por la educación, la situación seguirá estando al arbitrio de los partidos políticos y grupos ideológicos y/o económicos, y la educación seguirá siendo campo de batalla por muy buenas intenciones que se recojan en la LOGLS.

 

Todo esto nos lleva a plantear que, para garantizar las libertades sexuales de todas las mujeres, no solo es imprescindible identificar a las víctimas y a los posibles agresores, y condenar la acción violenta; sino que es necesario construir un nuevo imaginario de género que permita que todas las mujeres, independiente de su condición de raza, clase, identidad, etc., se sientan dueñas de su propio cuerpo y actoras fundamentales de su propia vida.

 

Esperamos que en el trámite parlamentario se incluyan modificaciones que reconozcan las garantías a la libertad sexual para todas las mujeres, que se le otorgue importancia a la reparación comunitaria; la modificación de ley de extranjería para que se garanticen los derechos de las mujeres migrantes frente a la violencia machista; el reconocimiento social y político de los derechos de las trabajadoras sexuales; una ley contra la trata de personas; un pacto de Estado que incluya como asignatura  troncal, la educación en igualdad y educación afectiva-sexual

 

Creemos que es imprescindible hacer un trabajo de memoria colectiva, que sitúe la violencia sexual como cuestión política y estructural en el imaginario colectivo con capacidad de transformar las relaciones de poder.

Asamblea Feminista de Madrid.

Madrid, 7 de julio de 2021.

OS INVITAMOS A PARTICIPAR EN ESTAS SESIONES QUE HEMOS PREPARADO¡

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Ayuso contra la infancia

La Comunidad de Madrid rescinde los convenios con los ayuntamientos para la financiación de escuelas infantiles durante el estado de alarma. Un paso más en el desmantelamiento de la educación pública.

 

El  17 de abril la Consejería de Educación  de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) comunicó a los ayuntamientos la rescisión de  los convenios para sostener la financiación de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños. Esta suspensión será de aplicación mientras dure el estado de alarma provocado por la actual crisis sanitaria. La decisión, tomada por sorpresa y de forma unilateral, se anuncia a tan solo un mes de la suspensión de los contratos con los Centros de Educación Infantil cuya gestión es privada.

Niños públicas, gestionadas por los ayuntamientos, retirándoles la financiación que por ley la Consejería de Educación debería prestar. Esta dejación de funciones por parte de la Comunidad afectará a cientos de trabajadoras y trabajadores que  durante estas semanas han seguido cumpliendo con su labor docente, como el resto de enseñantes, atendiendo a las familias online o telefónicamente, proporcionando criterios y pautas educativas, apoyando en el establecimiento de rutinas, elaborando videos para utilizarlos como material didáctico y  celebrando claustros  para diseñar  o evaluar planes de centro, pues el trabajo educativo que se desempeña en estos espacios tiene un carácter integral y  no atiende solamente  el ámbito asistencial.

El abandono de las competencias educativas, que por ley corresponden a la Comunidad, supone una dejación de funciones sin precedentes que va a afectar a más de 500 Escuelas Infantiles, más de 8000 profesionales y en torno a 33.000 niñ@s, según datos que aporta CC.OO. Madrid.

La agresión de las políticas neoliberales a la educación infantil tiene una larga historia en la CAM. En 2008 se publicó el Decreto Aguirre. Este supuso un punto de inflexión en la liberalización de la Educación Infantil al abrir las puertas de par en par a la entrada del mercado. Disminuyó los requisitos en cuanto a infraestructuras y las condiciones mínimas de los espacios y erosionó gravemente la calidad educativa aumentando las ratios y reduciendo drásticamente el número de profesionales  y su nivel de formación y titulación. Adaptando espacios, amontonando criaturas y reduciendo salarios, la Educación Infantil por fin se convertía en un nicho de negocio suficientemente lucrativo para ser explotado por la iniciativa privada, como así ocurrió.

Ahora nos encontramos ante una nueva ofensiva que no solo supone un profundo trato discriminatorio de esta etapa con respecto a las demás de nuestro sistema educativo, sino que también tendrá graves consecuencias para la infancia, las familias y especialmente para las mujeres en un doble sentido laboral y social.

La CAM anunció para el curso 2019/20 la gratuidad de la etapa 0-3 (BOCM nº86; 11 de abril 2019), una medida aparentemente de carácter social, pero que, en realidad, nacía sin soporte financiero. Hasta ese momento la financiación de las Escuelas Infantiles se dividía en tres partes. Los porcentajes de participación son difíciles de concretar porque dependen de diferentes factores como el número de alumnos o las  rentas familiares. Pero podemos estimar que  aproximadamente los ayuntamientos aportaban el 21%, las familias el 30% y la Comunidad el 49%. Cabe señalar que la CAM siempre ha impuesto su propia estimación de gastos, que casi nunca se ha correspondido con la de los municipios, lo que ha sido motivo de muchas disputas entre administraciones.En la práctica la contribución de los ayuntamientos ha sido siempre bastante más que el 21%.

El alumnado de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños continúa matriculado. Con la rescisión del convenio de financiación, las arcas municipales tendrán que hacerse cargo de la totalidad del gasto para mantenerlas. Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de percibir en torno a 212.000 euros al mes.  No sabemos en qué se empleará ese dinero que la CAM va a dejar de aportar, pero no parece que vaya a invertirse en proporcionar comida saludable a las niñas y niños sin recursos, en vez de menús de Telepizza.

La infancia es sin duda la más perjudicada por esta decisión. La educación infantil figura en todas las leyes como la primera etapa del sistema educativo. La psicología infantil ahonda en la importancia que las primeras etapas de la vida tienen en el desarrollo de la persona. Sin embargo, la Consejería de Educación ha decidido ningunear y discriminar esta etapa.Este departamento y la presidenta Ayuso se manifiestan así en contra de la infancia y de la educación, fundamental para el desarrollo  emocional, cognitivo y físico de las niñas y los niños, especialmente de quienes tienen necesidades educativas especiales. La educación infantil es un derecho que las instituciones deben proteger y garantizar. No tener esto claro es arremeter contra el desarrollo de la vida misma y negarnos el futuro como sociedad.

Es sabido que las administraciones públicas no pueden realizar ERTEs. ¿Es que Ayuso pretende forzar despidos del personal laboral e interino de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales? La educación infantil es un sector casi totalmente feminizado: educadoras, maestras, psicólogas, limpiadoras, pedagogas, cocineras… Pero además también son las mujeres las que  más pueden beneficiarse de una red pública de centros de educación infantil, pues sobre ellas recae la responsabilidad social de los cuidados. Hay colectivos especialmente vulnerables como las mujeres migrantes o las que encabezan el 85% de las familias monoparentales. A todas ellas estos centros les permiten resolver el cuidado de sus hijas e hijos, con cierto apoyo institucional, mientras buscan empleo en un mercado de trabajo precario y discriminatorio con las mujeres en general. La CAM con esta decisión también atenta contra los derechos de las mujeres al precarizar notablemente sus condiciones vitales.

Aprovechar el confinamiento de las familias y de las trabajadoras  en sus hogares para profundizar en  el desmantelamiento de la educación infantil pública refuerza la lógica patriarcal y constituye un acto mezquino y carente de toda empatía humana. Es un movimiento  calculado en la escalada neoliberal a la que las políticas públicas del PP nos tiene acostumbradas. ¿Habrá centros de educación infantil públicos a los que volver cuando acabe el confinamiento?

 

Ana Hernando es maestra de Educación Infantil e integrante de la Asamblea Feminista de Madrid

Articulo publicado en CTXT.ES 

#Ayusocontralainfancia

 

 


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Cuaderno Feminista nº4 (actualización capítulos 1 y 2) Derechos sexuales y reproductivos para todas, todas, todas

Derechos sexuales y reproductivos para todas,todas, todas

Cuaderno Feminista (Agosto 2019) Derechos sexuales y reproductivos_actualizacion_capitulo 1 y 2

 

Capítulo 1: Educación sexual la asignatura pendiente

1.1 Estado de la cuestión

1.2 Un paso hacia adelante, dos pasos hacia atrás

1.3 Propuestas

Capítulo 2: Anticoncepción y aborto

2.1 Anticoncepción: estado de la cuestión

2.2 El coste económico de la anticoncepción

2.3 Propuestas

2.4 Aborto: estado de la cuestión

2.5 Datos sobre aborto en la Comunidad de Madrid

2.6 Los centros en los que se realizan las IVE: la inhibición de la red sanitaria pública

2.7 La objeción de conciencia: UN OBSTÁCULO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO

2.8 La especial situación de las menores en la Comunidad de Madrid

2.10 Propuestas

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Informe Estambul Sombra

La Plataforma Estambul Sombra España de organizaciones no gubernamentales feministas, de cooperación internacional y de derechos humanos nació en abril de 2018, ante el proceso de evaluación de la aplicación en España 2014-2018 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, o Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul fue ratificado por España en 2014, y va más allá que la legislación española, en particular que la Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género, no sólo por crear un marco internacional de protección de las mujeres y menores víctimas, sino por abarcar la violencia sexual, laboral, institucional u otras no infligidas por la pareja o expareja, y porque su artículo 18.4 implica no subordinar la atención jurídica, psicológica y social a las víctimas a la presentación de una denuncia judicial. España será el 14º país, de los 33 que lo han ratificado, en ser evaluado por su Mecanismo de seguimiento (artículos 66 y 68) por el GREVIO (Grupo de Expertas en la lucha contra la violencia contra la mujer del Consejo de Europa), en base no sólo a la respuesta del Gobierno a un extenso Cuestionario, sino a los Informes Sombra de ONGs, que hemos de presentar a Estrasburgo antes del 18 de febrero de 2019. Aprovechando la experiencia colectiva del Informe Sombra al CEDAW y el cauce de participación de ONGs que establece el artículo 68.5 del Convenio, tras seis meses de trabajo y el Encuentro Estatal del 6 de octubre de 2018, las 252 ONGs abajo firmantes presentamos este Informe Sombra Estatal al GREVIO y a los partidos e instituciones estatales, complementado por Informes Sombra Autonómicos, dada la responsabilidad que los artículos 7.3 y 18.2 del Convenio asignan a las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Organización Ámbito territorial.

Como participantes en la elaboración de este informe nos sumamos a su difusión:

DOCUMENTO ESTATAL DEFINITIVO DE 23 DE OCTUBRE SOMBRA ESTAMBUL

para más info : https://plataformaestambulsombra.wordpress.com/documentos-de-trabajo/


ORGANIZACIONES FEMINISTAS PRESENTAN UNA PROPUESTA DE PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL

NOTA DE PRENSA

ORGANIZACIONES FEMINISTAS PRESENTAN UNA PROPUESTA DE PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL

“Según datos del Ministerio del Interior, en 2017 se conocieron 1.776 delitos contra la libertad sexual en la Comunidad de Madrid y 1.004 en el municipio de Madrid”.

El colectivo “Generando red contra las violencias machistas” y la “Asamblea feminista de Madrid” presentamos una propuesta de actuación sobre violencia sexual en Madrid.

La lucha contra las agresiones sexuales ha sido y es un motivo de reivindicación y actuación del movimiento feminista a lo largo de décadas. Las recientes sentencias judiciales son sólo la punta del iceberg de las situaciones que viven las mujeres: la magnitud de las agresiones sexuales, la tolerancia social hacia las mismas que impregna nuestra sociedad, la impunidad y el tratamiento judicial que culpabiliza y cuestiona el testimonio de las mujeres, la situación de indefensión y falta de atención que viven, así como la inadecuación de los servicios, recursos y políticas públicas para dar una respuesta integral de atención y reparación.

Vemos con preocupación cómo la gravedad de la situación que viven muchas mujeres no va acompañada de medidas sociales y políticas públicas que contemplen la prevención, atención, justicia, reparación y la garantía de no repetición como forma de recuperación.

El Pacto de Estado contra las violencias machistas no contempla la violencia sexual y no desarrolla medidas que resultan imprescindibles. La Comunidad de Madrid carece de un plan específico contra las agresiones sexuales y junto con el Ayuntamiento de Madrid tienen por delante la tarea urgente de modificar el “Protocolo de actuación coordinada de los organismos competentes en materia de agresiones sexuales” (2010), que se ha constatado que está produciendo revictimización en las mujeres agredidas.

Queremos incidir en la necesidad y urgencia de la modificación del mencionado protocolo, así como de implementar las propuestas y recomendaciones que recoge el documento que presentamos, basadas en un enfoque de derechos humanos, feminista e intercultural; de atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual que garantice el acceso a unos servicios descentralizados y se base en el principio de atención a la diversidad, en su dimensión individual y comunitaria. Se proponen medidas que aborden la dimensión psicológica, sanitaria y jurídica que promuevan un proceso de recuperación integral de las mujeres.

La cercanía de las fiestas y festivales propios de las fechas de verano son un momento especialmente importante para implementar estas medidas de prevención y actuación contra estas agresiones, puesto que son contextos en los que aumenta la violencia sexual.

Madrid, 21 de junio de 2018

Correos de contacto: 

redgenerandored@gmail.com

asamblea@feministas.org

Para descargar la propuesta pincha en el enlace o en la foto.

Propuesta de plan de actuación en materia de violencia sexual

 


Argumentario 8M 2018 Madrid Hacia La Huelga Feminista

 

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Venimos de lejos, tenemos una larga historia feminista, y un recorrido de muchos 8 de marzo tomando la calle, la plaza, la palabra con el propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal.

Al grito de “ni una menos, vivas nos queremos” que lanzaron las feministas argentinas se llevó a cabo la primera huelga global de mujeres de trabajo productivo y reproductivo el 8 de marzo de 2017. Millones de mujeres de 70 países, desde Argentina a Polonia, desde Turquía a Estados Unidos, desde Brasil a Italia pasando por nuestras tierras, nos contagiamos y ocupamos las calles para hacer visibles nuestros trabajos, nuestras demandas y nuestros cuerpos.

Porque en los últimos años desde el movimiento feminista intergeneracional, creciente en número y en energía, impulsamos y desarrollamos propuestas e ideas para pensar en otras vidas y otro mundo. Somos miles, millones, las mujeres dispuestas a conseguirlo, y vamos a por todas.

En 2018 queremos llegar más lejos y visibilizar con una huelga más amplia de la de 2017 nuestra fuerza, nuestra rabia y dolor y a la vez nuestra alegría compartida de sabernos fuertes. Queremos que nadie pueda mirar a otro lado frente a nuestras propuestas y nuestra centralidad en el mundo.

Por eso la Comisión 8 Marzo del movimiento feminista nos convocamos a una huelga feminista. Es una huelga que va más más allá de lo que se identifica como paro laboral porque la participación de las mujeres es nuclear en todas las esferas de la vida, y la huelga tiene que alcanzar también otros trabajos y espacios: el de los cuidados, el consumo, la vida estudiantil y asociativa.

Una huelga de mujeres en la que podremos reflexionar colectivamente qué pueden hacer todos y cada uno de los hombres para cambiar una situación sobre la que se deberían haber manifestado ya contrarios a ella.

Practicamos un feminismo interseccional porque sabemos que estamos atravesadas por desigualdades y precariedades que nos sitúan en lugares muy diversos frente al patriarcado, el trabajo asalariado, los cuidados, el consumo, el ejercicio de nuestros derechos, la formación y la participación ciudadana, por las diferencias que
atravesamos alguna de nosotras según la procedencia, la clase, la edad, la orientación sexual, la identidad de género y habilidades. Pero la huelga es de todas, hay un hueco para todas y cada una de nosotras en nuestra huelga feminista del 8M.

Nos convocamos todas, como hicieron nuestras antecesoras, para quebrantar los privilegios de una sociedad patriarcal y capitalista, racista y heteronormativa. Nos convocamos todas a esta huelga que tiene sus antecedentes en la tragedia que supuso para nuestras hermanas que fueron asesinadas, quemadas, acusadas de “brujas”, para perpetuar el control del modelo social y económico masculino, que se sentía amenazado.

El nuestro es un grito global, transfronterizo y transcultural. Somos un movimiento internacional diverso que planta cara al orden patriarcal, racista, capitalista y depredador con el medio ambiente, y que propone otras vidas y otro mundo radicalmente distinto. Formamos parte de las luchas contra las violencias machistas, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, la vivienda, la salud, la educación, la soberanía alimentaria, y la laicidad, contra el extractivismo y los tratados de libre comercio, la explotación y muchas otras luchas colectivas. Unidas por otra forma de entender y organizar la vida, la economía y las
relaciones. Porque somos antimilitaristas y estamos contra las guerras, y las fronteras, contra los Estados autoritarios y represores que imponen leyes mordaza y criminalizan la protesta y la resistencia feminista. Unidas a las mujeres que defienden los derechos humanos y la tierra, arriesgando sus vidas.

Formamos parte de un proceso de transformación radical de la sociedad, de la cultura, de la economía, de las relaciones. Queremos ocupar el espacio público, reapropiarnos de la decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, reafirmar la fuerza política de las mujeres, lesbianas y trans y preservar el planeta en el que vivimos.
Y por eso el 8M pararemos nuestro consumo, el trabajo doméstico y los cuidados, el trabajo remunerado y nuestros estudios, para demostrar que sin nosotras no se produce, y sin nosotras no se reproduce.

Esto ni empieza ni acaba el 8 de marzo. El proceso empieza mucho antes del día de la huelga, haciendo reuniones, construyendo propuestas, tejiendo redes, poniendo en marcha procesos de contagio… y culminará el día 8 con una huelga en la que visibilizaremos nuestras denuncias y exigencias en todos los espacios, tomando las calles en pueblos y ciudades.

El documento que presentamos es fruto de ese saber colectivo feminista que vamos tejiendo al compartir las calles, el intercambio de experiencias, saberes y prácticas de resistencia individual y colectiva frente a las distintas formas en que se manifiesta el patriarcado.

Es un documento de propuesta y de acción para el proceso de la huelga feminista. Tiene dos partes.

En la primera explicamos el por qué y el para qué hacemos huelga en relación a algunos ejes temáticos que hemos querido resaltar, en torno a los que se articulan las propuestas, las acciones y el discurso para la huelga.

No están todos, pero es una forma de empezar. Cada una puede tener más motivos a sumar a los que aquí apuntamos.

En la segunda parte apuntamos algunas ideas sobre cómo hacer la huelga de cuidados, consumo, laboral y estudiantil: La huelga feminista

Somos muchas, pero seremos más porque: si paramos todas paramos todo.
El 8 de marzo puede ser un gran día en esta revolución que hemos puesto en marcha ¡la revolución feminista!

Madrid, diciembre 2017
Comisión 8 de marzo del movimiento feminista

Argumentario 8M 2018 Madrid Hacia La Huelga Feminista


Si has sufrido una violación y estás en Madrid, te puede interesar esta información.

A raiz del informe realizado,que mas abajo puedes descargar, en el Capitulo 5-Violencia Sexual, hicimos un recorrido de como esta el protocolo sanitario en el Municipio de Madrid, y ante el panorama que nos encontramos, planteamos una serie de propuestas.
Hemos visto la necesidad de ir dando informacion más precisa de que pasos hay que seguir a dia de hoy, si has sufrido una violación en el municipio de Madrid,por lo que sacamos esta hoja informativa, que esperamos sea de utilidad.Hay una clara ausencia de politicas para la prevención, proteccion y asistencia a las mujeres victimas de violencia sexual, y cuando esta existe, la respuesta institucional carece de la rapidez y contundencia que la gravedad de la situacion para las mujeres exige.
http://www.feministas.org/madrid/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Amaranta-Cuaderno-Feminista-nº4.pdf
Este informe se enmarca en uno mas amplio de la Coordinadora Feminista, que tambien puedes descargarte aqui:
http://www.feministas.org/IMG/pdf/informe_coordinadora_feminista.pdf

 

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Cuaderno Feminista nº 4 sobre Derechos Sexuales y Reproductivos

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Desde la Asamblea Feminista de Madrid presentamos este estudio sobre el estado de los derechos sexuales y reproductivos en la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo es poner sobre la mesa los problemas con los  que se encuentran las mujeres que quieren ejercer alguno de ellos. Nos centramos en  la educación sexual, el derecho a la información, la decisión sobre la reproducción, la integridad sexual, el respeto a las diversas  identidades y la atención en los servicios del sistema público de salud.

La ausencia o dispersión de información sobre algunos temas o la falta de actualización sobre otros, nos llevó a pensar en la utilidad de agrupary analizar la información existente y buscar la que no está fácilmente disponible para ofrecer un panorama actualizado y valorado sobre cada uno de los temas que trata el informe. Esperamos contribuir así a dar una  visión integral de cada uno de estos derechos, entendidos como derechos sociales y políticos. Partimos de la conceptualización que el movimiento feminista, tanto en el Estado español como a nivel internacional, ha ido elaborando de estos derechos a lo largo de los años. La historia más reciente de las luchas feministas nos muestra cómo se han ido ampliando, haciéndolos también más inclusivos, recogiendo la diversidad de situaciones de las mujeres en función de su situación migratoria, de su edad, de su pertenencia de clase, recogiendo la diversidad sexual y de identidades. Esto ha llevado a formulaciones y propuestas más ajustadas a las necesidades expresadas por las mujeres. En el estudio recogemos estas exigencias de las mujeres de autonomía y libertad sexual y reproductiva, como parte de la exigencia de justicia social en el proyecto emancipador del feminismo.

El estudio se divide en seis capítulos temáticos: educación sexual, anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo, reproducción asistida, violencia sexual, identidades no normativas y respuestas del sistema sanitario en lo relativo a la salud sexual y reproductiva. A efectos de facilitar la lectura, cada uno de los capítulos tiene dos partes diferenciadas: estado de la cuestión y propuestas. En la primera se aborda la consideración social de este derecho, la normativa existente (a noviembre de 2016) y las prácticas sociales, así como los recursos y servicios disponibles. En la segunda, señalamos algunas conclusiones, reivindicaciones, exigencias y propuestas que nos parecen centrales. Por último, al final del documento se ofrece el listado de referencias bibliográficas, así como un anexo con la relación de fechas clave en la lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos. Aunque hemos intentado dar un panorama amplio del extensísimo concepto de “derechos sexuales y reproductivos”, algunos temas relacionados con la maternidad, con las técnicas de reproducción asistida o con la gestación subrogada no han sido tratados o se ha hecho de modo menos exhaustivo, de modo que la idea es ir incorporándolos en futuras ediciones del documento.

Para la elaboración del estudio se ha revisado documentación existente de fuentes autorizadas y hemos llevado a cabo entrevistas en profundidad a las diferentes implicadas: profesionales sanitarias de distintas instituciones involucradas con la atención en salud sexual y reproductiva, juristas, demandantes de los servicios, colectivos de mujeres migrantes, de LGTBI, de gitanas, de trabajadoras del sexo y de empleadas del hogar, que nos han proporcionado una información valiosísima sobre las necesidades y obstáculos que encuentran las mujeres para que se reconozcan sus derechos cuando demandan atención en salud sexual y reproductiva. Es precisamente la participación de todas ellas lo que convierte este trabajo en un documento vivo y señalador de muchas deficiencias de nuestras instituciones, que vulneran cotidianamente los derechos de las mujeres y las dejan sin protección hoy en día.

Queremos manifestar nuestro agradecimiento por el trabajo y su cómplice generosidad a las mujeres y colectivos feministas que han compartido con nosotras sus conocimientos y vivencias, sin las que no hubiéramos podido hacer el estudio.

Este estudio lo hemos hecho la Asamblea Feminista de Madrid con el apoyo de “Calala. Fondo de Mujeres”  y forma parte de otro más amplio sobre la situación en otras comunidades autónomas coordinado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.

Asamblea Feminista de Madrid

Noviembre 2016