ABORTO LIBRE Y EDUCACIÓN SEXUAL. UN GRITO GLOBAL 28 setiembre 2021

El 28 de Setiembre de 2021, se realizara una concentración y performance en el día de Acción Global por la Despenalización del Aborto.

ABORTO LIBRE Y EDUCACIÓN SEXUAL. UN GRITO GLOBAL

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos aquí, como en otros lugares del mundo, nos hace salir a las calles a millones de mujeres el próximo martes 28 de Septiembre, hermanadas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y una educación sexual de calidad.

Un grito global para decidir sobre nuestros cuerpos y vidas

SUMATE y visibilicemos en las calles nuestra lucha global.

Plaza Reina Sofía
28 de Septiembre de 2021
19.00h Madrid

Recuerda mantener distancia de seguridad y traer mascarilla
#ComisionAbortoMadrid

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La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid ha realizado un documento  con las siguientes propuestas a incluir en la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo y educación afectivo sexual.

Dentro del movimiento feminista de Madrid vemos necesario y urgente realizar una serie de mejoras y cambios en la actual normativa que garanticen los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes en el ámbito de la salud sexual y reproductiva establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

La normativa actual no garantiza el derecho a decidir. Desde la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, conocedoras de los protocolos sanitarios y el acoso que sufren las mujeres al acudir a las clínicas que realizan abortos, vemos de imperiosa necesidad llevar a cabo las siguientes propuestas dentro de una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo y educación afectivo sexual.

Propuestas dentro de una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo y educación afectivo sexual

Canciones aborto

 

 

 

 

 

 


Análisis feminista del trabajo a distancia y el teletrabajo

(Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de Trabajo a  Distancia)

Tras el confinamiento la Asamblea Feminista de Madrid elaboró un texto donde demandábamos una profundización en la regulación del teletrabajo, estableciendo su  carácter optativo y pactado, garantizando el derecho a la desconexión digital,  garantizando que el equipamiento lo proporciona la empleadora (cumpliendo con las  normativas de prevención de riesgos laborales) y que hubiera compensación económica por los gastos en los que incurre la empleada (luz, internet, etc.). Exigíamos que las empresas y las administraciones públicas no trasladasen  indiscriminadamente las oficinas y los centros de trabajo al ámbito privado, desatendiendo las necesidades de la infancia y demás personas dependientes sobrecargando hasta el infinito a las mujeres que cuidan. Reclamábamos la  implementación de soluciones para atender de forma segura los cuidados y las necesidades educativas de niños y niñas u otras situaciones de dependencia de modo  que ninguna mujer se encontrara en la disyuntiva forzosa de atender a los menores y  dependientes y renunciar al empleo o atender a los menores y dependientes y aceptar  condiciones abusivas de teletrabajo.

El decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre ha venido a regular el trabajo a distancia  en general y el teletrabajo en particular tras haberse logrado un acuerdo entre el  Ministerio de Trabajo, sindicatos y empresarios. En su Artículo 2 se define el trabajo a distancia como aquella “forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular” mientras que el teletrabajo es “aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación”.

En este decreto-ley efectivamente se regulan algunos aspectos imprescindibles que discutimos en nuestro análisis y se atienden algunas de las demandas planteadas. De esta forma, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y deberá formalizarse en un acuerdo por escrito. Este documento contendrá, entre otros datos, el inventario de los medios, equipos y herramientas de trabajo, incluidos consumibles y mobiliario, los gastos por trabajar a distancia, el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad,  el porcentaje de teletrabajo y trabajo presencial, dónde se va a desarrollar el  teletrabajo, la duración del acuerdo, los plazos en caso de revertir el teletrabajo, los controles de la actividad y las instrucciones de la empresa sobre protección de datos y  seguridad de la información.

Sin embargo, el decreto-ley falla en plantear de forma explícita las implicaciones del  teletrabajo en la vida de las mujeres y se desentiende de la responsabilidad de legislar  a favor de la corresponsabilidad de la sociedad, las empresas y las administraciones  públicas en las tareas de cuidados.

Así, se establece en el Capítulo I de la Exposición de Motivos la defensa de “un  auténtico derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar a través del uso de las  formas flexibles de trabajo, incluidas las fórmulas de trabajo a distancia”. Nada que no conozcamos ya, recurrimos a la reducción de jornada, a las excedencias y ahora al  trabajo a distancia para poder sacar adelante los cuidados. Formas flexibles de  trabajo, asumidas mayoritariamente por las mujeres, que tienen un coste elevado en  discriminación social, económica y laboral y van acompañadas de una reducción en  los derechos a las prestaciones sociales (desempleo y pensiones).

También, en el Capítulo VI de la Exposición de Motivos se explica que el decreto-ley regula las prioridades en el acceso al trabajo a distancia, cuando en realidad las remite  en el Artículo 8 a la negociación colectiva para el procedimiento y criterios que deben seguirse, incluyendo la coletilla tranquilizadora “debiéndose evitar la perpetuación de roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres”.

La misma declaración de intenciones “buenista” sin ninguna concreción se ha  plasmado en el Artículo 4 sobre la igualdad de trato y de oportunidades y no  discriminación: “Las empresas están obligadas a evitar cualquier discriminación,  directa o indirecta, particularmente por razón de sexo, de las personas trabajadoras  que prestan servicios a distancia. Igualmente, las empresas están obligadas a tener en  cuenta a las personas teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus características  laborales en el diagnóstico, implementación, aplicación, seguimiento y evaluación de  medidas y planes de igualdad”.

El decreto-ley es bienvenido y necesario en lo que suponen sus aspectos regulatorios  prácticos, pero parece que su relevancia puede ser menos importante de lo que  parecía durante el confinamiento, puesto que en la nueva normalidad se está  percibiendo la resistencia de las empresas a continuar con los esquemas de teletrabajo que se pusieron en práctica durante el estado de alarma. Más y más  empresas están imponiendo la vuelta al trabajo presencial, aunque se disponga de los medios necesarios y suficientes para el trabajo a distancia y se haya  demostrado durante el confinamiento que el rendimiento y la productividad no  disminuyen.

Entre las trabajadoras y trabajadores que accedieron por primera vez al trabajo a distancia  durante el confinamiento, hay un gran espectro de valoraciones de la experiencia. Hay valoraciones positivas (tenemos más tiempo libre al evitar los desplazamientos, más  flexibilidad de horario, más seguridad frente al contagio por coronavirus) pero también negativas (sufrimos aislamiento, soledad, confusión del espacio laboral y el espacio  privado, jornadas interminables, tenemos gastos adicionales no cubiertos por la  empresa, etc.). Con la regulación del trabajo a distancia que presenta el decreto-ley y  una combinación racional de trabajo presencial y trabajo a distancia muchos de estos aspectos negativos podrían verse compensados.

Pero entre los empresarios no parece que se haya producido un cambio cultural, no se percibe que el teletrabajo se vaya a mantener como una opción consolidada y relevante en la actividad laboral. El decreto-ley establece la voluntariedad por parte de las empresas y obliga a las mismas a compensar los gastos incurridos por las personas que trabajan a distancia. Además es necesario regular muchos aspectos del trabajo a distancia a través de la negociación colectiva, que en estos tiempos de  precariedad y pérdida de derechos laborales, es débil o inexistente en la mayoría de pymes y microempresas que forman el tejido empresarial español. Todo ello unido a  la cultura del presencialismo y de “calentar la silla”, muy arraigada en la mentalidad de empresarios y mandos, va a dificultar la implantación de esquemas de trabajo a distancia en porcentajes relevantes de la población laboral.

En la práctica se está percibiendo que el teletrabajo puede volver a ser la opción minoritaria que era antes de la pandemia, típico de profesiones cualificadas y de profesionales por cuenta propia, excepto para responder a demandas de conciliación y de cuidados, donde  hemos “descubierto” el potencial que presenta para desviarlas al ámbito privado y a la esfera de las mujeres. El clamor unánime contra la combinación simultánea de teletrabajo y cuidados que se hizo patente en el confinamiento se invisibiliza y se ignora por una gran parte de la sociedad y se asume por las mujeres porque no hay  ninguna otra opción al alcance de muchas de ellas.

Como feministas, valoramos esta ley como sumamente necesaria para regular un trabajo a distancia que consideramos positivo en muchos aspectos, pero no podemos  obviar las posibles consecuencias de la puesta en práctica de algunos puntos de la  misma, tales como la invisibilización del trabajo de cuidados, la vuelta al “hogar” de  las mujeres, la consolidación de soluciones de conciliación apoyadas en el esfuerzo individual y no en el colectivo y la priorización del teletrabajo para las familias.

El decreto-ley puede ayudar a perpetuar la desigualdad existente e incluso agravarla, además de suplantar la corresponsabilidad del conjunto del tejido social, de las  empresas y de las administraciones en la conciliación familiar y los cuidados  derivándolas al ámbito privado y en definitiva a las mujeres.

La legislación debe ir más allá de las declaraciones de intenciones y las consignas tranquilizadoras para plantear mecanismos, obligatoriedades y políticas que reviertan  la desigualdad y cambien los paradigmas.

Para descargar el documento elaborado pincha aquí:  Trabajo a distancia _AsambleaFeministaMadrid

Asamblea Feminista De Madrid

Fuentes:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf 

https://www.eldiario.es/economia/obligados-oficina-plena-ola-rebrotes-no-entiendo-no volvemos-teletrabajar-riesgo_1_6228355.html 

https://verne.elpais.com/verne/2020/09/18/mexico/1600405479_896875.html 

https://www.eldiario.es/economia/trabajo-preve-aprobar-manana-ley-teletrabajo-lograr preacuerdo-empresarios-sindicatos_1_6235925.html 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200923/483632173473/guia-practica-teletrabajo segun-nueva-ley.htmlTrabajo a distancia _AsambleaFeministaMadrid

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/09/conciliacion_coronavirus_nueva_normalidad_mujeres_106618_1012.html


Feminismo y teorías queer: ¿Qué significa ser una mujer?

En los debates levantados alrededor de la teoría queer, hemos percibido que existe un temor inusitado ante la posibilidad de que el avance de las transformaciones sociales y cultuales en materia de género y sexualidad, nieguen la existencia de las mujeres así como nuestra historia de opresión y desigualdades. Por ello consideramos que es necesario que volvamos a preguntar algo que cuestionaron las teóricas feministas hace setenta años y que nos ha permitido generar avances investigativos con una gran incidencia política: ¿qué significa ser una mujer? 

Y ante esto podemos decir que cuando Simone de Beuvoir escribió: “No se nace mujer, se llega a serlo”; no negó la existencia del sexo biológico, sino que más bien, problematizó la construcción histórica y cultural de lo que significa ser una mujer a partir de la diferencia sexual anatómica de los cuerpos. Desde entonces, la teoría feminista contemporánea ha develado que el patriarcado produce un orden simbólico y cultural que le otorga significado a las experiencias sociales, sexuales y afectivas de las mujeres para sostener su opresión. Esto, bajo el supuesto biológico ─y aparentemente científico─ de que la feminidad es la expresión identitaria que emerge de nuestra biología materna.

Gracias a ello y con el avance de los estudios de género, ha quedado en evidencia entonces, que lo que nos oprime no es la existencia del órgano sexual con el que nacemos, sino más bien todo un conjunto de discursos, saberes, estrategias, prácticas, relaciones sociales, etc., que han sido producidos desde el poder y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de las especie humana y en general al relacionamiento entre las personas (Barbieri, 1992). De esta manera, las culturas establecen como norma modelos ejemplares de feminidad, pero también de masculinidad hegemónicas que constituyen nuestra subjetividad y que dirigen las conductas de hombres y mujeres para la reproducción del orden político y económico.

Lo cierto es que la construcción cultural de la diferencia sexual, permite que el patriarcado encuentre en la dominación masculina uno de los fundamentos ideológicos que garantizan la reproducción de todo el sistema social.  Esto quiere decir que la construcción cultural de la feminidad y la masculinidad produce y articula relaciones de poder y de dominación que son fundamentales para dirigir las conductas sociales/sexuales de las personas en función de los intereses políticos y económicos de los Estados. De allí que las mujeres sigamos siendo confinadas al espacio privado para el cuidado de la vida, bajo el supuesto de que existe una identidad social/sexual ligada a nuestra naturaleza reproductiva. Sin embargo cabe señalar que bajo esta lógica, todas las personas, cuya subjetividad no coincide con la normativa sexo-genérica dictada por el patriarcado y que irrumpen en la dinámica del poder, son marginadas, silenciadas, patologizadas, discriminadas, violentadas y asesinadas. Y esto incluye a quienes nos pensamos como mujeres desde otros lugares no hegemónicos.

Dicho todo esto, cabe señalar que en la intersección entre las teorías queer y el feminismo, podemos develar cómo se construyen esos discursos de poder y cómo inciden en nuestros procesos de subjetivación histórica y política. Y de la misma manera nos permiten cuestionar qué mujeres son aceptadas como normales por el patriarcado y cuáles no. Esto no niega la opresión de las mujeres a partir del sexo, sino que más bien problematiza los discursos que naturalizan y legitiman dicha opresión bajo el supuesto de que existe una naturaleza biológica que nos hace ser ─ y desear ser ─ universalmente: “mujeres- madres-esposas”.

Entonces la cuestión central de este problema no radica en la negación de la existencia del sexo biológico y por consiguiente de la mujer; sino de lo que nos ha llevado a pensarnos como “mujeres” dentro del patriarcado. Esto nos permite develar por qué somos oprimidas y por qué somos las principales receptoras de la violencia patriarcal. Y no solo nosotras, sino que todos los cuerpos que han sido feminizados.

Por esto mismo creemos que en este siglo XXI, es necesario revisar los discursos que insisten en que la mujer existe como categoría universal a partir de la biología, así como aquellos que plantean que existe una sola forma de ser mujeres, puesto que es precisamente en ese lugar, donde radica nuestro principal conflicto histórico y político. La apuesta es que seamos capaces de reconocer y aceptar nuestra diversidad (racial, étnica, sexual, etaria, de clase…), para resignificar la categoría y así desmontar los discursos hegemónicos que sostienen nuestra opresión a partir de la biología humana.

 

Javiera Poblete Vargas.

Es historiadora feminista.

Forma parte de la Asamblea Feminista de Madrid.

 

Bibliografía

Barbieri, T. D. (1992). Sobre la categoría de Género: una introducción teórico metodológica. Fin de Siglo: Cambio civilizatorio, Isis Internacional.

Beauvoir, S. d. (1999). El segundo sexo. Buenos Aires: Debolsillo.

Lagarde, M. (2011). Los Cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas, locas. Madrid: horas y Horas, la editorial.


Ayuso contra la infancia

La Comunidad de Madrid rescinde los convenios con los ayuntamientos para la financiación de escuelas infantiles durante el estado de alarma. Un paso más en el desmantelamiento de la educación pública.

 

El  17 de abril la Consejería de Educación  de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) comunicó a los ayuntamientos la rescisión de  los convenios para sostener la financiación de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños. Esta suspensión será de aplicación mientras dure el estado de alarma provocado por la actual crisis sanitaria. La decisión, tomada por sorpresa y de forma unilateral, se anuncia a tan solo un mes de la suspensión de los contratos con los Centros de Educación Infantil cuya gestión es privada.

Niños públicas, gestionadas por los ayuntamientos, retirándoles la financiación que por ley la Consejería de Educación debería prestar. Esta dejación de funciones por parte de la Comunidad afectará a cientos de trabajadoras y trabajadores que  durante estas semanas han seguido cumpliendo con su labor docente, como el resto de enseñantes, atendiendo a las familias online o telefónicamente, proporcionando criterios y pautas educativas, apoyando en el establecimiento de rutinas, elaborando videos para utilizarlos como material didáctico y  celebrando claustros  para diseñar  o evaluar planes de centro, pues el trabajo educativo que se desempeña en estos espacios tiene un carácter integral y  no atiende solamente  el ámbito asistencial.

El abandono de las competencias educativas, que por ley corresponden a la Comunidad, supone una dejación de funciones sin precedentes que va a afectar a más de 500 Escuelas Infantiles, más de 8000 profesionales y en torno a 33.000 niñ@s, según datos que aporta CC.OO. Madrid.

La agresión de las políticas neoliberales a la educación infantil tiene una larga historia en la CAM. En 2008 se publicó el Decreto Aguirre. Este supuso un punto de inflexión en la liberalización de la Educación Infantil al abrir las puertas de par en par a la entrada del mercado. Disminuyó los requisitos en cuanto a infraestructuras y las condiciones mínimas de los espacios y erosionó gravemente la calidad educativa aumentando las ratios y reduciendo drásticamente el número de profesionales  y su nivel de formación y titulación. Adaptando espacios, amontonando criaturas y reduciendo salarios, la Educación Infantil por fin se convertía en un nicho de negocio suficientemente lucrativo para ser explotado por la iniciativa privada, como así ocurrió.

Ahora nos encontramos ante una nueva ofensiva que no solo supone un profundo trato discriminatorio de esta etapa con respecto a las demás de nuestro sistema educativo, sino que también tendrá graves consecuencias para la infancia, las familias y especialmente para las mujeres en un doble sentido laboral y social.

La CAM anunció para el curso 2019/20 la gratuidad de la etapa 0-3 (BOCM nº86; 11 de abril 2019), una medida aparentemente de carácter social, pero que, en realidad, nacía sin soporte financiero. Hasta ese momento la financiación de las Escuelas Infantiles se dividía en tres partes. Los porcentajes de participación son difíciles de concretar porque dependen de diferentes factores como el número de alumnos o las  rentas familiares. Pero podemos estimar que  aproximadamente los ayuntamientos aportaban el 21%, las familias el 30% y la Comunidad el 49%. Cabe señalar que la CAM siempre ha impuesto su propia estimación de gastos, que casi nunca se ha correspondido con la de los municipios, lo que ha sido motivo de muchas disputas entre administraciones.En la práctica la contribución de los ayuntamientos ha sido siempre bastante más que el 21%.

El alumnado de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños continúa matriculado. Con la rescisión del convenio de financiación, las arcas municipales tendrán que hacerse cargo de la totalidad del gasto para mantenerlas. Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de percibir en torno a 212.000 euros al mes.  No sabemos en qué se empleará ese dinero que la CAM va a dejar de aportar, pero no parece que vaya a invertirse en proporcionar comida saludable a las niñas y niños sin recursos, en vez de menús de Telepizza.

La infancia es sin duda la más perjudicada por esta decisión. La educación infantil figura en todas las leyes como la primera etapa del sistema educativo. La psicología infantil ahonda en la importancia que las primeras etapas de la vida tienen en el desarrollo de la persona. Sin embargo, la Consejería de Educación ha decidido ningunear y discriminar esta etapa.Este departamento y la presidenta Ayuso se manifiestan así en contra de la infancia y de la educación, fundamental para el desarrollo  emocional, cognitivo y físico de las niñas y los niños, especialmente de quienes tienen necesidades educativas especiales. La educación infantil es un derecho que las instituciones deben proteger y garantizar. No tener esto claro es arremeter contra el desarrollo de la vida misma y negarnos el futuro como sociedad.

Es sabido que las administraciones públicas no pueden realizar ERTEs. ¿Es que Ayuso pretende forzar despidos del personal laboral e interino de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales? La educación infantil es un sector casi totalmente feminizado: educadoras, maestras, psicólogas, limpiadoras, pedagogas, cocineras… Pero además también son las mujeres las que  más pueden beneficiarse de una red pública de centros de educación infantil, pues sobre ellas recae la responsabilidad social de los cuidados. Hay colectivos especialmente vulnerables como las mujeres migrantes o las que encabezan el 85% de las familias monoparentales. A todas ellas estos centros les permiten resolver el cuidado de sus hijas e hijos, con cierto apoyo institucional, mientras buscan empleo en un mercado de trabajo precario y discriminatorio con las mujeres en general. La CAM con esta decisión también atenta contra los derechos de las mujeres al precarizar notablemente sus condiciones vitales.

Aprovechar el confinamiento de las familias y de las trabajadoras  en sus hogares para profundizar en  el desmantelamiento de la educación infantil pública refuerza la lógica patriarcal y constituye un acto mezquino y carente de toda empatía humana. Es un movimiento  calculado en la escalada neoliberal a la que las políticas públicas del PP nos tiene acostumbradas. ¿Habrá centros de educación infantil públicos a los que volver cuando acabe el confinamiento?

 

Ana Hernando es maestra de Educación Infantil e integrante de la Asamblea Feminista de Madrid

Articulo publicado en CTXT.ES 

#Ayusocontralainfancia

 

 


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¿QUÉ ES LA JUSTICIA FEMINISTA? CHARLA-DEBATE

CHARLA-DEBATE: ¿QUÉ ES LA JUSTICIA FEMINISTA?

Con la participación de Laia Serra, abogada penalista y activista feminista; Violeta Assiego, abogada e investigadora en derechos humanos y vulnerabilidad social y
Justa Montero, Asamblea Feminista de Madrid.

¿Qué es la justicia feminista?¿Qué medidas son necesarias para garantizarla?


¿Cómo se sitúan las mujeres en el centro del proceso sin que haya revictimización?

¿Que papel tiene el Código Penal?

¿Qué significa ser antipunitivista?

¿Qué es la reparación para las mujeres?

Son muchas las preguntas que nos planteamos al abrir el debate sobre la justicia feminista que necesitamos.

A lo largo de los últimos años desde diferentes ámbitos y en distitntos lugares se han realizado importantes esfuerzos para dar respuestas a muchas de estas preguntas.

En este sentido, desde Asamblea Feminista de Madrid, comenzamos el 2020, con el deseo de abordar, profundizar y elaborar propuestas sobre esta importante cuestión

y para ello presentamos una mesa redonda, para charlar y debatir, con el titulo: ¿Qué es la JUSTICIA FEMINISTA?

https://www.facebook.com/events/506315076757843/

 

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Juntas y revueltas, artículo de Justa Montero (Asamblea Feminista de Madrid)

Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, escribe el artículo titulado “Juntas y revueltas” para el blog Otras miradas del diario Público. En este explica, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las desigualdades que sufren hoy en día las mujeres en España, en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, violencia y el ámbito laboral.

Reproducimos el artículo a continuación:

 

Justa Montero

Miembro de Asamblea Feminista

El 8 de marzo las mujeres tomamos las calles en barrios, pueblos y ciudades. No es el único día del año que sucede, ni mucho menos. Si no estuviera precedido por estas reivindicaciones, el 8 de marzo no tendría fuerza ni expresaría la vitalidad y creatividad de todo un movimiento que se indigna, denuncia,  hace propuestas y también festeja.

Hace años se hablaba de esta fecha como la del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, pero poco tiempo después, desde las filas feministas, se objetó esta denominación por reduccionista. Se adujo que dada la identificación de la categoría “trabajadora” con las mujeres que tenían empleo, suponía invisibilizar la condición de trabajadoras de las mujeres, la inmensa mayoría, que realizan el trabajo doméstico o de cuidados en el hogar. Pero tampoco convencía la referencia a “la mujer”,  ya que parecía que trataba a las mujeres como si de un concepto abstracto se tratara, ocultando la diversidad de situaciones. Finalmente reunió más consenso designarlo como “Día Internacional de la Mujer”,  y así año tras año se expresan las diversas formas en las que el sexismo golpea la vida de sus vidas. El resultado es un crisol de reivindicaciones y una denuncia común “contra el patriarcado y el capital”.

La relación de las mujeres con el empleo difiere enormemente. Los datos agregados que se utilizan, las tasas de empleo, actividad y paro, por poner un ejemplo, hacen referencia a las mujeres como una categoría homogénea. Pero un análisis en profundidad permite ver esa diversa posición en relación al empleo en función  del nivel de ingresos, de la edad, de la pertenencia a alguna etnia o de la situación migratoria. Esto nos permite ver, por ejemplo, que la tasa de paro de las mujeres inmigrantes (con papeles) es 10 puntos superior a la de las mujeres de origen autóctono, o que representan el 60% de las empleadas de hogar, reguladas laboralmente en condiciones particularmente vejatorias.

También difiere la relación con el trabajo de cuidados, responsabilidad asignada a todas las mujeres, que lleva a algunas a tener que abandonar el empleo porque con los recortes de servicios y prestaciones tienen que atender a familiares dependientes en el hogar; y las mujeres que realizan asalariadamente estos trabajos los realizan en condiciones de máxima y progresiva precarización.

Todo ello explica que sigan siendo las mujeres quienes protagonizan mayoritariamente los contratos temporales y a tiempo parcial, modalidad que supone precarización del empleo, del salario y de las prestaciones derivadas, el resultado es la precarización de la propia vida.

Si nos detenemos en los derechos sexuales y reproductivos, nos encontramos con que, por un lado, el Gobierno sigue empeñado en limitar el derecho a decidir de las mujeres. Ahora el ataque va dirigido específicamente a las mujeres jóvenes y a quienes practican sexualidades o tienen identidades no normativas, que van más allá del binarismo impuesto: mujer/varón. Y por otro lado, también quienes desean ser madres encuentran mayores obstáculos. El reciente informe publicado por la OIT no deja lugar a dudas sobre la penalización de la maternidad, y, como muestra,  la diferencia salarial de un 5% en función de si la mujer tiene o no hijos.

Y sin ánimo de hacer un repaso general, tampoco la violencia se manifiesta de una única forma. Además de las terribles situaciones de las que se suelen hacer eco los medios de comunicación, también existen las mujeres jóvenes que sufren el acoso en la calle, mujeres inmigrantes que no obtienen el permiso de residencia al no aceptarles la denuncia de agresión o maltrato recibido, las mujeres que están en los centros de internamiento para extranjeros (CIE), que han denunciado acoso y violencia sexual, y las trabajadoras del sexo a las que se les niega, de hecho, la posibilidad de denunciar una violación.

Estos y muchos otros motivos mueven hoy a miles de mujeres a reclamar con urgencia soluciones a estas situaciones que la crisis está llevando a límites insoportables, y a reclamar otro futuro, porque somos mujeres y queremos ser libres.

 

Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/4160/somos-mujeres-y-queremos-ser-libres/