Análisis feminista del trabajo a distancia y el teletrabajo

(Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de Trabajo a  Distancia)

Tras el confinamiento la Asamblea Feminista de Madrid elaboró un texto donde demandábamos una profundización en la regulación del teletrabajo, estableciendo su  carácter optativo y pactado, garantizando el derecho a la desconexión digital,  garantizando que el equipamiento lo proporciona la empleadora (cumpliendo con las  normativas de prevención de riesgos laborales) y que hubiera compensación económica por los gastos en los que incurre la empleada (luz, internet, etc.). Exigíamos que las empresas y las administraciones públicas no trasladasen  indiscriminadamente las oficinas y los centros de trabajo al ámbito privado, desatendiendo las necesidades de la infancia y demás personas dependientes sobrecargando hasta el infinito a las mujeres que cuidan. Reclamábamos la  implementación de soluciones para atender de forma segura los cuidados y las necesidades educativas de niños y niñas u otras situaciones de dependencia de modo  que ninguna mujer se encontrara en la disyuntiva forzosa de atender a los menores y  dependientes y renunciar al empleo o atender a los menores y dependientes y aceptar  condiciones abusivas de teletrabajo.

El decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre ha venido a regular el trabajo a distancia  en general y el teletrabajo en particular tras haberse logrado un acuerdo entre el  Ministerio de Trabajo, sindicatos y empresarios. En su Artículo 2 se define el trabajo a distancia como aquella “forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular” mientras que el teletrabajo es “aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación”.

En este decreto-ley efectivamente se regulan algunos aspectos imprescindibles que discutimos en nuestro análisis y se atienden algunas de las demandas planteadas. De esta forma, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y deberá formalizarse en un acuerdo por escrito. Este documento contendrá, entre otros datos, el inventario de los medios, equipos y herramientas de trabajo, incluidos consumibles y mobiliario, los gastos por trabajar a distancia, el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad,  el porcentaje de teletrabajo y trabajo presencial, dónde se va a desarrollar el  teletrabajo, la duración del acuerdo, los plazos en caso de revertir el teletrabajo, los controles de la actividad y las instrucciones de la empresa sobre protección de datos y  seguridad de la información.

Sin embargo, el decreto-ley falla en plantear de forma explícita las implicaciones del  teletrabajo en la vida de las mujeres y se desentiende de la responsabilidad de legislar  a favor de la corresponsabilidad de la sociedad, las empresas y las administraciones  públicas en las tareas de cuidados.

Así, se establece en el Capítulo I de la Exposición de Motivos la defensa de “un  auténtico derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar a través del uso de las  formas flexibles de trabajo, incluidas las fórmulas de trabajo a distancia”. Nada que no conozcamos ya, recurrimos a la reducción de jornada, a las excedencias y ahora al  trabajo a distancia para poder sacar adelante los cuidados. Formas flexibles de  trabajo, asumidas mayoritariamente por las mujeres, que tienen un coste elevado en  discriminación social, económica y laboral y van acompañadas de una reducción en  los derechos a las prestaciones sociales (desempleo y pensiones).

También, en el Capítulo VI de la Exposición de Motivos se explica que el decreto-ley regula las prioridades en el acceso al trabajo a distancia, cuando en realidad las remite  en el Artículo 8 a la negociación colectiva para el procedimiento y criterios que deben seguirse, incluyendo la coletilla tranquilizadora “debiéndose evitar la perpetuación de roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres”.

La misma declaración de intenciones “buenista” sin ninguna concreción se ha  plasmado en el Artículo 4 sobre la igualdad de trato y de oportunidades y no  discriminación: “Las empresas están obligadas a evitar cualquier discriminación,  directa o indirecta, particularmente por razón de sexo, de las personas trabajadoras  que prestan servicios a distancia. Igualmente, las empresas están obligadas a tener en  cuenta a las personas teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus características  laborales en el diagnóstico, implementación, aplicación, seguimiento y evaluación de  medidas y planes de igualdad”.

El decreto-ley es bienvenido y necesario en lo que suponen sus aspectos regulatorios  prácticos, pero parece que su relevancia puede ser menos importante de lo que  parecía durante el confinamiento, puesto que en la nueva normalidad se está  percibiendo la resistencia de las empresas a continuar con los esquemas de teletrabajo que se pusieron en práctica durante el estado de alarma. Más y más  empresas están imponiendo la vuelta al trabajo presencial, aunque se disponga de los medios necesarios y suficientes para el trabajo a distancia y se haya  demostrado durante el confinamiento que el rendimiento y la productividad no  disminuyen.

Entre las trabajadoras y trabajadores que accedieron por primera vez al trabajo a distancia  durante el confinamiento, hay un gran espectro de valoraciones de la experiencia. Hay valoraciones positivas (tenemos más tiempo libre al evitar los desplazamientos, más  flexibilidad de horario, más seguridad frente al contagio por coronavirus) pero también negativas (sufrimos aislamiento, soledad, confusión del espacio laboral y el espacio  privado, jornadas interminables, tenemos gastos adicionales no cubiertos por la  empresa, etc.). Con la regulación del trabajo a distancia que presenta el decreto-ley y  una combinación racional de trabajo presencial y trabajo a distancia muchos de estos aspectos negativos podrían verse compensados.

Pero entre los empresarios no parece que se haya producido un cambio cultural, no se percibe que el teletrabajo se vaya a mantener como una opción consolidada y relevante en la actividad laboral. El decreto-ley establece la voluntariedad por parte de las empresas y obliga a las mismas a compensar los gastos incurridos por las personas que trabajan a distancia. Además es necesario regular muchos aspectos del trabajo a distancia a través de la negociación colectiva, que en estos tiempos de  precariedad y pérdida de derechos laborales, es débil o inexistente en la mayoría de pymes y microempresas que forman el tejido empresarial español. Todo ello unido a  la cultura del presencialismo y de “calentar la silla”, muy arraigada en la mentalidad de empresarios y mandos, va a dificultar la implantación de esquemas de trabajo a distancia en porcentajes relevantes de la población laboral.

En la práctica se está percibiendo que el teletrabajo puede volver a ser la opción minoritaria que era antes de la pandemia, típico de profesiones cualificadas y de profesionales por cuenta propia, excepto para responder a demandas de conciliación y de cuidados, donde  hemos “descubierto” el potencial que presenta para desviarlas al ámbito privado y a la esfera de las mujeres. El clamor unánime contra la combinación simultánea de teletrabajo y cuidados que se hizo patente en el confinamiento se invisibiliza y se ignora por una gran parte de la sociedad y se asume por las mujeres porque no hay  ninguna otra opción al alcance de muchas de ellas.

Como feministas, valoramos esta ley como sumamente necesaria para regular un trabajo a distancia que consideramos positivo en muchos aspectos, pero no podemos  obviar las posibles consecuencias de la puesta en práctica de algunos puntos de la  misma, tales como la invisibilización del trabajo de cuidados, la vuelta al “hogar” de  las mujeres, la consolidación de soluciones de conciliación apoyadas en el esfuerzo individual y no en el colectivo y la priorización del teletrabajo para las familias.

El decreto-ley puede ayudar a perpetuar la desigualdad existente e incluso agravarla, además de suplantar la corresponsabilidad del conjunto del tejido social, de las  empresas y de las administraciones en la conciliación familiar y los cuidados  derivándolas al ámbito privado y en definitiva a las mujeres.

La legislación debe ir más allá de las declaraciones de intenciones y las consignas tranquilizadoras para plantear mecanismos, obligatoriedades y políticas que reviertan  la desigualdad y cambien los paradigmas.

Para descargar el documento elaborado pincha aquí:  Trabajo a distancia _AsambleaFeministaMadrid

Asamblea Feminista De Madrid

Fuentes:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf 

https://www.eldiario.es/economia/obligados-oficina-plena-ola-rebrotes-no-entiendo-no volvemos-teletrabajar-riesgo_1_6228355.html 

https://verne.elpais.com/verne/2020/09/18/mexico/1600405479_896875.html 

https://www.eldiario.es/economia/trabajo-preve-aprobar-manana-ley-teletrabajo-lograr preacuerdo-empresarios-sindicatos_1_6235925.html 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200923/483632173473/guia-practica-teletrabajo segun-nueva-ley.htmlTrabajo a distancia _AsambleaFeministaMadrid

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/09/conciliacion_coronavirus_nueva_normalidad_mujeres_106618_1012.html


Feminismo y teorías queer: ¿Qué significa ser una mujer?

En los debates levantados alrededor de la teoría queer, hemos percibido que existe un temor inusitado ante la posibilidad de que el avance de las transformaciones sociales y cultuales en materia de género y sexualidad, nieguen la existencia de las mujeres así como nuestra historia de opresión y desigualdades. Por ello consideramos que es necesario que volvamos a preguntar algo que cuestionaron las teóricas feministas hace setenta años y que nos ha permitido generar avances investigativos con una gran incidencia política: ¿qué significa ser una mujer? 

Y ante esto podemos decir que cuando Simone de Beuvoir escribió: “No se nace mujer, se llega a serlo”; no negó la existencia del sexo biológico, sino que más bien, problematizó la construcción histórica y cultural de lo que significa ser una mujer a partir de la diferencia sexual anatómica de los cuerpos. Desde entonces, la teoría feminista contemporánea ha develado que el patriarcado produce un orden simbólico y cultural que le otorga significado a las experiencias sociales, sexuales y afectivas de las mujeres para sostener su opresión. Esto, bajo el supuesto biológico ─y aparentemente científico─ de que la feminidad es la expresión identitaria que emerge de nuestra biología materna.

Gracias a ello y con el avance de los estudios de género, ha quedado en evidencia entonces, que lo que nos oprime no es la existencia del órgano sexual con el que nacemos, sino más bien todo un conjunto de discursos, saberes, estrategias, prácticas, relaciones sociales, etc., que han sido producidos desde el poder y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de las especie humana y en general al relacionamiento entre las personas (Barbieri, 1992). De esta manera, las culturas establecen como norma modelos ejemplares de feminidad, pero también de masculinidad hegemónicas que constituyen nuestra subjetividad y que dirigen las conductas de hombres y mujeres para la reproducción del orden político y económico.

Lo cierto es que la construcción cultural de la diferencia sexual, permite que el patriarcado encuentre en la dominación masculina uno de los fundamentos ideológicos que garantizan la reproducción de todo el sistema social.  Esto quiere decir que la construcción cultural de la feminidad y la masculinidad produce y articula relaciones de poder y de dominación que son fundamentales para dirigir las conductas sociales/sexuales de las personas en función de los intereses políticos y económicos de los Estados. De allí que las mujeres sigamos siendo confinadas al espacio privado para el cuidado de la vida, bajo el supuesto de que existe una identidad social/sexual ligada a nuestra naturaleza reproductiva. Sin embargo cabe señalar que bajo esta lógica, todas las personas, cuya subjetividad no coincide con la normativa sexo-genérica dictada por el patriarcado y que irrumpen en la dinámica del poder, son marginadas, silenciadas, patologizadas, discriminadas, violentadas y asesinadas. Y esto incluye a quienes nos pensamos como mujeres desde otros lugares no hegemónicos.

Dicho todo esto, cabe señalar que en la intersección entre las teorías queer y el feminismo, podemos develar cómo se construyen esos discursos de poder y cómo inciden en nuestros procesos de subjetivación histórica y política. Y de la misma manera nos permiten cuestionar qué mujeres son aceptadas como normales por el patriarcado y cuáles no. Esto no niega la opresión de las mujeres a partir del sexo, sino que más bien problematiza los discursos que naturalizan y legitiman dicha opresión bajo el supuesto de que existe una naturaleza biológica que nos hace ser ─ y desear ser ─ universalmente: “mujeres- madres-esposas”.

Entonces la cuestión central de este problema no radica en la negación de la existencia del sexo biológico y por consiguiente de la mujer; sino de lo que nos ha llevado a pensarnos como “mujeres” dentro del patriarcado. Esto nos permite develar por qué somos oprimidas y por qué somos las principales receptoras de la violencia patriarcal. Y no solo nosotras, sino que todos los cuerpos que han sido feminizados.

Por esto mismo creemos que en este siglo XXI, es necesario revisar los discursos que insisten en que la mujer existe como categoría universal a partir de la biología, así como aquellos que plantean que existe una sola forma de ser mujeres, puesto que es precisamente en ese lugar, donde radica nuestro principal conflicto histórico y político. La apuesta es que seamos capaces de reconocer y aceptar nuestra diversidad (racial, étnica, sexual, etaria, de clase…), para resignificar la categoría y así desmontar los discursos hegemónicos que sostienen nuestra opresión a partir de la biología humana.

 

Javiera Poblete Vargas.

Es historiadora feminista.

Forma parte de la Asamblea Feminista de Madrid.

 

Bibliografía

Barbieri, T. D. (1992). Sobre la categoría de Género: una introducción teórico metodológica. Fin de Siglo: Cambio civilizatorio, Isis Internacional.

Beauvoir, S. d. (1999). El segundo sexo. Buenos Aires: Debolsillo.

Lagarde, M. (2011). Los Cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas, locas. Madrid: horas y Horas, la editorial.


Mujeres y teletrabajo en tiempos de pandemia

Mujeres y teletrabajo en tiempos de pandemia

Introducción
Antes del confinamiento provocado por la pandemia solamente un pequeño porcentaje de la población ocupada trabajaba desde casa (4,8% habitualmente y solo un 3,5% de forma ocasional, frente a la media europea que se sitúa en torno a un 10,8%).
La regulación del teletrabajo en España es muy escasa y solamente se recoge en el artículo número 13 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se especifica que los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan servicio en el centro de trabajo de la empresa y que el empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a la formación profesional para el empleo.
También se añade que los trabajadores tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud y que podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en la ley.
El teletrabajo se venía percibiendo como típico de profesiones cualificadas y de profesionales por cuenta propia (“autónomos y autónomas”, que tienen la oficina en casa). Podía ser sentido como ventajoso en ocasiones por las trabajadoras (libremente pactado, flexibilidad de horario, ahorro del tiempo dedicado al transporte, oportunidades para la conciliación familiar) así como para las empresas (reducción de gastos en infraestructuras y servicios generales, internet, luz, oficinas, etc.). Sin embargo, su implantación era minoritaria porque en la mentalidad de empresarios y mandos está muy arraigada la cultura del presencialismo y de “calentar la silla”.

El experimento improvisado del teletrabajo durante la pandemia
Con el confinamiento, el teletrabajo se ha extendido masivamente en condiciones precarias y sin regulación a todo tipo de ocupaciones, incluyendo aquellas en las que parecía de imposible aplicación: maestras, profesoras, médicas de atención primaria y especialistas, trabajadoras sociales, logopedas, psicólogas, trabajadoras de call centers, trabajadoras de las administraciones públicas y un largo etcétera.
Muchas de estas profesiones son ejercidas mayoritariamente por mujeres, que de la noche a la mañana se han visto abocadas a la titánica tarea de conciliar la jornada laboral con el trabajo doméstico, como venía siendo habitual, pero añadiendo el cuidado y la atención de los menores a tiempo completo, además del seguimiento de las tareas escolares y de la agenda de compromisos educativos on-line de los menores.
En condiciones de teletrabajo y con los menores en las casas, las jornadas son ahora más interminables, si cabe, realizándose el trabajo remunerado de madrugada cuando los menores no se han levantado o de noche cuando por fin se han acostado. No hay horario de trabajo y horario de descanso, no hay espacio de trabajo y espacio privado. Se han descrito niveles insoportables de ansiedad y de stress en las mujeres confinadas intentando compatibilizar las exigencias del trabajo remunerado con las exigencias del trabajo doméstico y de cuidados. En las familias monomarentales los sentimientos de aislamiento social y soledad se añaden al cansancio, a la ansiedad y al stress.
La fórmula típica de conciliación familiar, basada en la asistencia de los niños y niñas a la escuela y en las abuelas y abuelos, no es posible durante la pandemia. Con los centros educativos cerrados de forma permanente la dependencia de la conciliación familiar del sistema educativo se vuelve más patente que nunca en una sociedad que confunde el derecho a la educación con las necesidades de cuidados en la infancia y que fundamenta una precaria conciliación familiar en el sistema educativo y actividades complementarias en el espacio escolar (los primeros del cole, actividades extraescolares, campamentos urbanos, etc.).
Durante la pandemia, la sociedad en su conjunto ha podido percibir la clase de trabajos esenciales que sostienen la vida (desde el sistema público de salud a las cajeras de los supermercados y las productoras y transportistas de alimentos). Al mismo tiempo y paradójicamente, ha asumido también que los trabajos productivos siguen teniendo prioridad frente a los trabajos de los cuidados, normalizándose sin ningún tipo de reflexión colectiva y sin oposición, que las oficinas y los centros de trabajo se trasladan al ámbito privado, desentendiéndose de las necesidades de la infancia y sobrecargando hasta el infinito a las mujeres que la cuidan.

El teletrabajo en la “nueva normalidad”
De la pandemia y el confinamiento se está saliendo escalonadamente de acuerdo a criterios sanitarios, pero es incierta la forma en la que se va a reanudar la “normalidad” laboral y si el improvisado experimento del teletrabajo masivo se va a consolidar en prácticas y normas indeseadas.
Si el teletrabajo disminuye los costes empresariales y de las administraciones públicas y la productividad no se ve afectada, ¿se acabará consolidando cómo la forma más barata de resolver los cuidados, la atención a la dependencia y las carencias de los servicios públicos?, ¿exigiremos en la “nueva normalidad” que las administraciones públicas atiendan las necesidades de cuidados y las necesidades educativas de niños y niñas destinando los recursos necesarios o se continuará delegando al espacio privado y por tanto mayoritariamente a las mujeres la carga de las mismas?
Porque la vuelta a la “nueva normalidad” se está produciendo en una burbuja de irrealidad, ignorando que los menores no están escolarizados y que las administraciones no han puesto en marcha ninguna alternativa. Se vuelve a ver a abuelas y abuelos a cargo de niños y niñas en jornada completa, aumentan las peticiones de ayuda en las redes vecinales de apoyo. En estas condiciones hasta el teletrabajo más abusivo y extenuante puede ser preferible a la ausencia total de alternativas para el cuidado de los menores.

Según la clase social las consecuencias de esta implantación masiva del teletrabajo no serán igualmente lesivas o penosas puesto que en función de los ingresos y de la situación económica algunas mujeres pueden acceder a soluciones privadas e individuales, por medio de trabajadoras domésticas a cargo de los menores y las tareas de la casa.
Constituye también una vuelta a fórmulas laborales para las mujeres que creíamos superadas. En un pasado no tan lejano, las mujeres cosían, lavaban ropa, trabajaban en pequeños talleres caseros para empresas manufactureras. En las zonas rurales las mujeres aun hoy compaginan los trabajos agropecuarios con el trabajo de la casa y de los cuidados. Un retroceso en la participación de las mujeres en los espacios públicos y el retorno a su confinamiento en el espacio doméstico puede acabar siendo una de las consecuencias perversas del coronavirus.

No se han valorado todavía las consecuencias psicológicas de la pérdida de los vínculos sociales que acarrea el teletrabajo debido a la ausencia de interacciones personales, la extrañeza de la comunicación virtual, la frialdad de las pantallas: ¿reuniones de equipo virtuales entre lavadora y lavadora? También la articulación de demandas y reivindicaciones laborales se dificulta o se imposibilita en las condiciones de aislamiento de los trabajadores en las “oficinas” privadas. Un reforzamiento del individualismo imperante en nuestras sociedades y que se suma al producido por las medidas de distanciamiento social asociadas al coronavirus.

Desde la Asamblea Feminista de Madrid demandamos una profundización en la regulación del teletrabajo, estableciendo su carácter optativo y pactado, garantizando el derecho a la desconexión digital, garantizando que el equipamiento lo proporciona la empleadora (cumpliendo con las normativas de prevención de riesgos laborales) y que hay compensación económica por los gastos en los que incurre la empleada (luz, internet, etc.).
Exigimos que las empresas y las administraciones públicas no trasladen indiscriminadamente las oficinas y los centros de trabajo al ámbito privado, desatendiendo las necesidades de la infancia y sobrecargando hasta el infinito a las mujeres que la cuidan. Exigimos a las administraciones públicas la implementación de soluciones para atender de forma segura los cuidados y las necesidades educativas de niños y niñas de modo que ninguna mujer se encuentre en la disyuntiva forzosa de atender a los menores y renunciar al empleo o atender a los menores y aceptar condiciones abusivas de teletrabajo.
Sin pretender erradicar el teletrabajo en su totalidad, entendemos que no puede venir a suplantar la corresponsabilidad del conjunto del tejido social, de las empresas y de las administraciones en la conciliación familiar y los cuidados.

Asamblea Feminista de Madrid

 

Enlaces:

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/nueva-division-clases-pueden-teletrabajar-cualificados-manuales/6569617/
https://blogs.publico.es/dominiopublico/33237/teletrabajo-si-pero-regulado-negociado-y-con-derechos/
https://www.publico.es/sociedad/efectos-psicologicos-coronavirus-mujeres-sufren-impacto-psicologico-pandemia.html
https://www.eldiario.es/confinados/Laura-Baena-Madres-Ignacio-Escolar_0_1031697944.html
https://smoda.elpais.com/feminismo/teletrabajo-de-madrugada-porque-no-llego-a-todo-en-casa-la-nueva-normalidad-machaca-a-las-mujeres/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/09/conciliacion_coronavirus_nueva_normalidad_mujeres_106618_1012.html
https://theconversation.com/teletrabajo-y-conciliacion-el-estres-se-ceba-con-las-mujeres-137023

 

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Ayuso contra la infancia

La Comunidad de Madrid rescinde los convenios con los ayuntamientos para la financiación de escuelas infantiles durante el estado de alarma. Un paso más en el desmantelamiento de la educación pública.

 

El  17 de abril la Consejería de Educación  de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) comunicó a los ayuntamientos la rescisión de  los convenios para sostener la financiación de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños. Esta suspensión será de aplicación mientras dure el estado de alarma provocado por la actual crisis sanitaria. La decisión, tomada por sorpresa y de forma unilateral, se anuncia a tan solo un mes de la suspensión de los contratos con los Centros de Educación Infantil cuya gestión es privada.

Niños públicas, gestionadas por los ayuntamientos, retirándoles la financiación que por ley la Consejería de Educación debería prestar. Esta dejación de funciones por parte de la Comunidad afectará a cientos de trabajadoras y trabajadores que  durante estas semanas han seguido cumpliendo con su labor docente, como el resto de enseñantes, atendiendo a las familias online o telefónicamente, proporcionando criterios y pautas educativas, apoyando en el establecimiento de rutinas, elaborando videos para utilizarlos como material didáctico y  celebrando claustros  para diseñar  o evaluar planes de centro, pues el trabajo educativo que se desempeña en estos espacios tiene un carácter integral y  no atiende solamente  el ámbito asistencial.

El abandono de las competencias educativas, que por ley corresponden a la Comunidad, supone una dejación de funciones sin precedentes que va a afectar a más de 500 Escuelas Infantiles, más de 8000 profesionales y en torno a 33.000 niñ@s, según datos que aporta CC.OO. Madrid.

La agresión de las políticas neoliberales a la educación infantil tiene una larga historia en la CAM. En 2008 se publicó el Decreto Aguirre. Este supuso un punto de inflexión en la liberalización de la Educación Infantil al abrir las puertas de par en par a la entrada del mercado. Disminuyó los requisitos en cuanto a infraestructuras y las condiciones mínimas de los espacios y erosionó gravemente la calidad educativa aumentando las ratios y reduciendo drásticamente el número de profesionales  y su nivel de formación y titulación. Adaptando espacios, amontonando criaturas y reduciendo salarios, la Educación Infantil por fin se convertía en un nicho de negocio suficientemente lucrativo para ser explotado por la iniciativa privada, como así ocurrió.

Ahora nos encontramos ante una nueva ofensiva que no solo supone un profundo trato discriminatorio de esta etapa con respecto a las demás de nuestro sistema educativo, sino que también tendrá graves consecuencias para la infancia, las familias y especialmente para las mujeres en un doble sentido laboral y social.

La CAM anunció para el curso 2019/20 la gratuidad de la etapa 0-3 (BOCM nº86; 11 de abril 2019), una medida aparentemente de carácter social, pero que, en realidad, nacía sin soporte financiero. Hasta ese momento la financiación de las Escuelas Infantiles se dividía en tres partes. Los porcentajes de participación son difíciles de concretar porque dependen de diferentes factores como el número de alumnos o las  rentas familiares. Pero podemos estimar que  aproximadamente los ayuntamientos aportaban el 21%, las familias el 30% y la Comunidad el 49%. Cabe señalar que la CAM siempre ha impuesto su propia estimación de gastos, que casi nunca se ha correspondido con la de los municipios, lo que ha sido motivo de muchas disputas entre administraciones.En la práctica la contribución de los ayuntamientos ha sido siempre bastante más que el 21%.

El alumnado de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños continúa matriculado. Con la rescisión del convenio de financiación, las arcas municipales tendrán que hacerse cargo de la totalidad del gasto para mantenerlas. Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de percibir en torno a 212.000 euros al mes.  No sabemos en qué se empleará ese dinero que la CAM va a dejar de aportar, pero no parece que vaya a invertirse en proporcionar comida saludable a las niñas y niños sin recursos, en vez de menús de Telepizza.

La infancia es sin duda la más perjudicada por esta decisión. La educación infantil figura en todas las leyes como la primera etapa del sistema educativo. La psicología infantil ahonda en la importancia que las primeras etapas de la vida tienen en el desarrollo de la persona. Sin embargo, la Consejería de Educación ha decidido ningunear y discriminar esta etapa.Este departamento y la presidenta Ayuso se manifiestan así en contra de la infancia y de la educación, fundamental para el desarrollo  emocional, cognitivo y físico de las niñas y los niños, especialmente de quienes tienen necesidades educativas especiales. La educación infantil es un derecho que las instituciones deben proteger y garantizar. No tener esto claro es arremeter contra el desarrollo de la vida misma y negarnos el futuro como sociedad.

Es sabido que las administraciones públicas no pueden realizar ERTEs. ¿Es que Ayuso pretende forzar despidos del personal laboral e interino de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales? La educación infantil es un sector casi totalmente feminizado: educadoras, maestras, psicólogas, limpiadoras, pedagogas, cocineras… Pero además también son las mujeres las que  más pueden beneficiarse de una red pública de centros de educación infantil, pues sobre ellas recae la responsabilidad social de los cuidados. Hay colectivos especialmente vulnerables como las mujeres migrantes o las que encabezan el 85% de las familias monoparentales. A todas ellas estos centros les permiten resolver el cuidado de sus hijas e hijos, con cierto apoyo institucional, mientras buscan empleo en un mercado de trabajo precario y discriminatorio con las mujeres en general. La CAM con esta decisión también atenta contra los derechos de las mujeres al precarizar notablemente sus condiciones vitales.

Aprovechar el confinamiento de las familias y de las trabajadoras  en sus hogares para profundizar en  el desmantelamiento de la educación infantil pública refuerza la lógica patriarcal y constituye un acto mezquino y carente de toda empatía humana. Es un movimiento  calculado en la escalada neoliberal a la que las políticas públicas del PP nos tiene acostumbradas. ¿Habrá centros de educación infantil públicos a los que volver cuando acabe el confinamiento?

 

Ana Hernando es maestra de Educación Infantil e integrante de la Asamblea Feminista de Madrid

Articulo publicado en CTXT.ES 

#Ayusocontralainfancia

 

 


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¿QUÉ ES LA JUSTICIA FEMINISTA? CHARLA-DEBATE

CHARLA-DEBATE: ¿QUÉ ES LA JUSTICIA FEMINISTA?

Con la participación de Laia Serra, abogada penalista y activista feminista; Violeta Assiego, abogada e investigadora en derechos humanos y vulnerabilidad social y
Justa Montero, Asamblea Feminista de Madrid.

¿Qué es la justicia feminista?¿Qué medidas son necesarias para garantizarla?


¿Cómo se sitúan las mujeres en el centro del proceso sin que haya revictimización?

¿Que papel tiene el Código Penal?

¿Qué significa ser antipunitivista?

¿Qué es la reparación para las mujeres?

Son muchas las preguntas que nos planteamos al abrir el debate sobre la justicia feminista que necesitamos.

A lo largo de los últimos años desde diferentes ámbitos y en distitntos lugares se han realizado importantes esfuerzos para dar respuestas a muchas de estas preguntas.

En este sentido, desde Asamblea Feminista de Madrid, comenzamos el 2020, con el deseo de abordar, profundizar y elaborar propuestas sobre esta importante cuestión

y para ello presentamos una mesa redonda, para charlar y debatir, con el titulo: ¿Qué es la JUSTICIA FEMINISTA?

https://www.facebook.com/events/506315076757843/

 

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#RespondemosTodas, viernes 22 Noviembre, a las 19H frente al Ministerio de Educación. Tenemos muchos motivos para salir!

¡Ante las violencias machistas, RESPONDEMOS TODAS!

Os compartimos el Manifiesto elaborado por RESPONDEMOS TODAS!

Y os animamos a salir todas juntas mañana viernes 22N a las 19:00, tomemos las calles y la noche, ante todas las violencias machistas que nos atraviesan en el día a día, y vamos a construir feminismos

Recorrido: Ministerio de Educación (Calle de Alcalá, 34) – Gran Vía- Ministerio de Justicia (San Bernardo, 45)

DIFUNDE, pásalo a tu vecina, compañera de curro, compañera de clase, madre, abuela, nieta, a quien se te ocurra! Y ven! Vamos juntas a construir feminismos!

https://www.facebook.com/events/1905433409589254/

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Declaración contra la violencia política y sexual del Estado chileno.

Declaración contra la violencia política y sexual del Estado chileno.

 

En el día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la Asamblea Feminista de Madrid, condena la violencia política y sexual ejercida por el Estado chileno en contra de mujeres y disidencias sexuales en el contexto de movilizaciones sociales. 

Como feministas, nuestro deber es denunciar la violencia patriarcal y acabar con ella. Por ello exigimos que el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, responda ante la comunidad política internacional por la violación a los Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado ya que transgrede los tratados internacionales que buscan acabar con la violencia contra las mujeres.

Sabemos que históricamente, la violencia política y sexual ha sido una herramienta que ha buscado sostener un sistema de opresión. En Chile las mujeres y disidencias sexuales han salido a la calle y se han rebelado contra el patriarcado neoliberal en miras una sociedad más justa y a razón de ello han sido violentadas. Es por ello que condenamos fervientemente el silencio de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá y rechazamos categóricamente el actuar del Gobierno y de las fuerzas de orden público. 

Por medio de esta declaración, queremos brindar todo nuestro apoyo a las miles de compañeras y compañeres que siguen luchando y resistiendo en Chile contra la violencia sobre sus cuerpos.

 

Asamblea Feminista de Madrid.

Madrid, noviembre de 2019.

 


madrid aborto 2019

Manifestacion por la Despenalizacion del aborto. #28S

Manifiesto despenalizacion aborto 28setiembre

La  manifestación sale a las 18:00 desde Glorieta San Bernardo -Ministerio de Justicia 28 setiembre 2019

28S – DÍA INTERNACIONAL POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Desde el Movimiento Feminista de Madrid nos sumamos al grito global por el derecho a nuestros cuerpos y nuestras
vidas: ¡Derechos sexuales y reproductivos, para todas y todas partes!
Mandamos nuestra fuerza a todas las mujeres en lucha por la despenalización total del aborto, el disfrute pleno de los
derechos sexuales y reproductivos, los Derechos Humanos y la Justicia Social. Por el fin de la criminalización de la
libertad de expresión y de la lucha feminista: ¡Archivo definitivo de la causa contra el Coño Insumiso! ¡Protestar no es un
delito!
Desde la práctica del internacionalismo feminista, manifestamos nuestra solidaridad con las compañeras polacas,
irlandesas y andorranas. Por las argentinas y salvadoreñas… ¡Justicia para Evelyn!
Sólo desde un enfoque estructural de nuestro derecho a decidir, construiremos una sociedad de personas libres e
iguales. DESDE EL MOVIMIENTO FEMINISTA DE MADRID EXIGIMOS:
- Fuera el aborto del Código Penal. Abortar no puede ser un delito.
- Derogación del artículo 525 del Código Penal: legaliza el delito de ofensa al sentimiento religioso y es un obstáculo al
ejercicio de la libertad de expresión.
- Regulación efectiva de la objeción de conciencia de profesionales de los ámbitos sanitario y farmacéutico. La objeción
de conciencia no puede imposibilitar el ejercicio de nuestros derechos.
- Derogación total de la Ley Mordaza: Basta de criminalización y condena de la libertad de expresión, protesta y
manifestación en defensa los derechos sexuales y reproductivos.
- Un Estado Laico que garantice el disfrute pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
- Respeto a la autonomía y libertad de todas las mujeres para tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos. No
permitimos cuestionamientos ni tutelajes.
- Eliminación del permiso paterno, materno o tutelar para las mujeres de 16 y 17 años en el acceso y ejercicio del
derecho al aborto.
- Suspensión de los tres días de reflexión obligatoria: ¡son un atentado contra nuestra libertad y dignidad!
- Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) dentro de servicios hospitalarios y ambulatorios de la red
sanitaria pública en todo el Estado.
- Mobiliario adecuado y atención especializada en hospitales para mujeres con diversidad funcional.
- Fin de la estigmatización del personal sanitario que practica la IVE.
- Servicios de atención a la salud sexual y reproductiva para jóvenes y adolescentes, abiertos y accesibles las 24
horas/365 días, y de gestión pública.
- Información pública, accesible, comprensible y disponible en varios idiomas en todos los centros de salud y centros
educativos para el acceso a la salud sexual, reproductiva y la IVE.
- Educación afectivo-sexual integral, a lo largo de toda la vida y libre de estereotipos sexistas, racistas y lgtbifóbos.
¡Educación en la diversidad de la sexualidad, orientaciones, identidades y/ expresiones de género, y corporalidades ya!
- Educación orientada al (auto)conocimiento y al disfrute, goce y placer de nuestras sexualidades y nuestros cuerpos en
todas las etapas de la vida.
- Educación efectiva de prevención de embarazos no deseados, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la
violencia sexual, en todos los ciclos formativos, con personal especializado y enfoque de género.
- Formación afectivo-sexual en el currículo educativo. ¡Sin presiones de grupos religiosos y conservadores!

¡ABORTO LIBRE Y EN LA SANIDAD PÚBLICA!
¡AHORA Y SIEMPRE, AQUÍ Y ALLÁ, EDUCACIÓN SEXUAL Y ABORTO LIBRE YA!
Madrid, 28 de septiembre de 2019

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Acción Feminista frente Embajada de El Salvador 19S

¡¡ACCION FEMINISTA URGENTE!!: CONCENTRACIÓN DE APOYO A EVELYN FRENTE A LA EMBAJADA DE EL SALVADOR, el JUEVES 19 de SEPTIEMBRE A LAS 10:00
 ¿Conoces la situación del aborto en El Salvador? En El Salvador el aborto esta totalmente penalizado, esto provoca que mujeres que han sufrido complicaciones obstétricas sean encarceladas con penas de hasta 40 años. La mayoría tuvieron problemas obstétricos en algún momento del proceso de gestación, sufrieron pérdidas del embarazo o experimentaron partos sin asistencia sanitaria ni médica. Llegaron desangrándose en busca de ayuda a establecimientos públicos de salud y, desde allí, las denunciaron, las procesaron y condenaron por homicidio agravado, obligándolas a transitar del hospital a la cárcel.
¿Sabes quién es Evelyn Hernández? En 2016, Evelyn Hernández, de 21 años, sufrió una emergencia obstétrica en su casa que provocó la pérdida de su embarazo. Una vez en el hospital, el personal de atención la denunció a la policía. Fue arrestada, juzgada y sentenciada a 30 años de cárcel por homicidio agravado. Después de mucho trabajo se consiguió un nuevo juicio. En agosto de 2019, en un nuevo juicio , se declaró inocente a Evelyn, concluyendo que no existían pruebas suficientes para demostrar que había cometido un delito. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2019, la Fiscalía General de la República anunció que apelaría a esta sentencia.
Por ello convocamos ACCION FEMINISTA URGENTE: BASTA de CRIMINALIZAR A LAS MUJERES. #JusticiaParaEvelyn
 Cuándo: Jueves, 19 de Septiembre a las 10:00
 Dónde: Embajada de El Salvador – Paseo de la Castellana, 178, 28046 Madrid <M> Cuzco
 Convoca: Centroamérica Feminista
¡Ven, difunde, apoya!
 Educación Sexual para descubrir y decidir.
Anticonceptivos para disfrutar y prevenir.
Aborto legal para elegir y, sobre todo, para no morir EN TODAS PARTES
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Cuaderno Feminista nº4 (actualización capítulos 1 y 2) Derechos sexuales y reproductivos para todas, todas, todas

Derechos sexuales y reproductivos para todas,todas, todas

Cuaderno Feminista (Agosto 2019) Derechos sexuales y reproductivos_actualizacion_capitulo 1 y 2

 

Capítulo 1: Educación sexual la asignatura pendiente

1.1 Estado de la cuestión

1.2 Un paso hacia adelante, dos pasos hacia atrás

1.3 Propuestas

Capítulo 2: Anticoncepción y aborto

2.1 Anticoncepción: estado de la cuestión

2.2 El coste económico de la anticoncepción

2.3 Propuestas

2.4 Aborto: estado de la cuestión

2.5 Datos sobre aborto en la Comunidad de Madrid

2.6 Los centros en los que se realizan las IVE: la inhibición de la red sanitaria pública

2.7 La objeción de conciencia: UN OBSTÁCULO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO

2.8 La especial situación de las menores en la Comunidad de Madrid

2.10 Propuestas

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