La oposición denuncia que la Consejería de Familia de Madrid dificulta que puedan abortar las menores bajo su tutela.

El informe del Defensor del Pueblo especifica que en todos los centros mixtos "está totalmente prohibido que los jóvenes mantengan relaciones sexuales, y se extreman las precauciones de control, aunque no siempre resulta posible impedir las relaciones afectivas entre ellos".

La realidad es mucho más contundente, según Sergio, nombre ficticio de un trabajador social en una casa de acogida madrileña, donde las relaciones sexuales entre adolescentes están a la orden del día. "Por desgracia, los embarazos no deseados, también", añade. Fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid admiten que el año pasado "los embarazos entre menores tuteladas no llegaron a la decena".

Para estos casos, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia dispone un protocolo para tomar una decisión sobre el embarazo, señalan las mismas fuentes. Este consiste en que la comisión de tutela valore los informes psiquiátricos y sociales emitidos de la menor.
Más dificultades

La oposición denuncia que, en realidad, lo que sucede es que se intenta evitar que las menores aborten. "Desde que Paloma Martín llegó a la dirección del Instituto en 2007, esta es mucho más conservadora y las menores tienen más dificultades para interrumpir un embarazo no deseado", denunció ayer la portavoz de Familia y Asuntos Sociales del Grupo Socialista en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera.

Para empezar, Martín ha cambiado la composición de la comisión de tutela. Ahora este órgano, que tiene la última palabra sobre los menores, ya no está formada por técnicos especializados y con experiencia, sino que sus miembros tienen carácter político.

Varias de las menores embarazadas llegaron a los tribunales para poder ejercer su derecho al aborto después de que los casos salieran a la luz a principios del año pasado. En concreto, un juez permitió a una joven de 16 años que interrumpiera su embarazo después de que la Comunidad de Madrid se lo hubiera negado.

La adolescente, según recogió el auto del tribunal, contaba con un informe psiquiátrico que aseguraba que, de seguir adelante con el embarazo, su salud psíquica corría grave peligro. Tras este informe la consejería obligó a la joven a someterse a otro examen que resultó negativo. Sin embargo, el tribunal dejó claro que si para una mayor de edad no era obligatorio pasar por un segundo examen, tampoco lo era para una menor.

El problema es, según Sergio, que desde la Comunidad de Madrid no se potencia una educación sexual adecuada y a menudo la prevención depende de cada centro. En el suyo, han optado por "llevar a las menores a un centro de salud a partir de los 14 años para que les prescriban un parche anticonceptivo si no hay contraindicaciones. Al preguntar a la consejería sobre esta iniciativa, aseguran desconocer que algún centro haya podido adoptar esta medida y aseguran que no han dado "esa instrucción".

Sergio también denuncia que "el año pasado los educadores recibieron un curso de la consejería en el que se les instaba a promover la castidad y las relaciones buenas entre los adolescentes".